La justicia social se ha convertido en una palabra hueca. Se usa mucho, se agita mejor y sirve para casi todo… salvo para hacer justicia. En educación pasa constantemente. Se invoca como dogma, pero cuando toca aplicarla, se diluye. O se aplica solo a algunos. O solo en algunos sitios. Y entonces deja de ser justicia para convertirse en propaganda.

Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid ha recordado algo elemental: que el trabajo realizado en centros concertados sostenidos con fondos públicos cuenta a efectos de trienios y sexenios cuando esos docentes pasan a la enseñanza pública. No hay creatividad jurídica ni activismo togado. Hay una idea básica: si trabajas para el sistema educativo, con dinero público y bajo control administrativo, ese tiempo cuenta. Punto. Negarlo no es técnica jurídica. Es una decisión política tomada a escondidas.

Aquí se acaba el debate legal.

Lo que sigue es pura responsabilidad institucional.

Porque lo que tenemos ahora es un sistema injusto y mal diseñado. En unas comunidades se reconoce ese derecho. En otras se niega por norma, obligando a los docentes a ir a juicio para que se les reconozca lo evidente. Mismo trabajo, mismo dinero público, mismo sistema educativo… distinto trato. Eso no es autonomía territorial. Es arbitrariedad. Y un Estado que se dice social y de Derecho no puede sostener esa contradicción sin hacer el ridículo.

El Ministerio de Educación no puede seguir callado. Cuando permite que derechos claros dependan de pleitos individuales, del aguante personal o del dinero para pagar abogados, no está siendo prudente. Está eludiendo su responsabilidad. No intervenir no es neutralidad. Es dejación.

Y luego están los sindicatos. Silencio absoluto. En un asunto que afecta al salario, a la carrera profesional y a la igualdad de trato de miles de docentes, no hay una defensa clara ni una posición firme. Cuesta creer que sea casual. Más bien parece que hay trabajadores de primera y de segunda según encajen o no en el relato ideológico. Y eso, viniendo de quien dice defender la justicia social, es especialmente obsceno.

Desde Valores lo decimos sin rodeos y sin complejos: a igual trabajo, igual reconocimiento. No creemos en enfrentar a docentes entre sí ni en convertir la concertada en enemigo interno para justificar desigualdades. Reconocer la antigüedad y la formación de quienes hoy están en la pública no debilita el sistema educativo. Lo que lo debilita es la arbitrariedad, el agravio y el silencio institucional.

La justicia social no se declama.

Se aplica.

Y cuando no se aplica, lo demás es solo ruido.