Noticias y Notas de Prensa de Valores

Hubo un tiempo en el que las catástrofes naturales se explicaban como castigos divinos, como designios inapelables del cielo o como fruto de la fatalidad meteorológica. Hoy ya no cabe semejante coartada. La tragedia del Poyo, en aquel infausto 29 de octubre de 2024, no fue el resultado exclusivo de la fuerza de la DANA ni de la cólera de los elementos. Fue, antes que nada, la consecuencia directa de años de abandono político, de cauces convertidos en trampas mortales, de despachos en los que reinaba la burocracia suicida, y de una gestión de la emergencia marcada por el error, el silencio y la contradicción. Murieron personas no porque el agua bajara con violencia, que también, sino porque quienes tenían la obligación de actuar, de prever, de prevenir y de avisar, eligieron mirar hacia otro lado. Y por eso el partido Valores, liderado por Alfonso Galdón, exige que la justicia ponga nombres y apellidos a esas responsabilidades. Porque el Código Penal ofrece tipificaciones más que suficientes para hacerlo. Homicidio y lesiones imprudentes El artículo 142 del Código Penal castiga el homicidio por imprudencia grave. El artículo 152, las lesiones imprudentes. Y aquí no estamos ante un ejercicio académico, sino ante la vida y la muerte. “Si se confirma que la falta de limpieza del cauce y la parálisis de proyectos de encauzamiento fueron factores determinantes en las muertes, afirma Galdón, no estaremos ante un desastre inevitable, sino ante muertes evitables que tienen responsables con cargo público”. ¿No es ese el núcleo de la cuestión? ¿No es esa la frontera que separa la meteorología de la negligencia criminal? Omisión del deber de socorro La pasividad también está tipificada. El artículo 195 del Código Penal sanciona la omisión del deber de socorro. El caudal del Poyo se disparó a las 18:30 horas. Y, sin embargo, los vecinos permanecieron a oscuras, sin mensajes claros, sin alertas contundentes, sin instrucciones precisas que les permitieran ponerse a salvo. “Es urgente investigar —denuncia Galdón— por qué ni la CHJ, ni la Generalitat, ni el Cecopi activaron los protocolos con la contundencia debida. Alguien decidió callar cuando tenía que gritar la alerta”. ¿Quién fue ese alguien? ¿Quién tenía el deber de levantar la voz y eligió sellar los labios? Estragos por imprudencia El artículo 347 CP contempla los estragos por imprudencia grave. Y aquí la imprudencia se mide en décadas. Treinta años de informes señalando al Poyo como un barranco peligroso. Treinta años de proyectos eternamente bloqueados. Treinta años de cauces obstruidos, llenos de maleza, sin limpieza alguna. “Que nadie se esconda detrás de la tormenta —sentencia Galdón—: el desastre se cocinó durante años en los despachos, a base de desidia política y burocracia suicida”. La delegada del Gobierno: otra pieza clave La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, reconoció ante la jueza que ofreció la UME al mediodía, pero jamás hizo por activar la alerta nacional y que fuera el Estado quien asumiera el mando. Y peor aún: no supo nada del desbordamiento del Poyo hasta después de las siete de la tarde…cuando se supone debía estar informada al minuto de todo lo que ocurría. Disponía de la información. Tenía el poder para escalar la emergencia. Pero no lo hizo. Esa pasividad es la marca de esta tragedia: incompetencia y dejadez política en su versión más letal. La acusación ya ha dado el primer paso El partido Valores, representado por el bufete Chapapría-Navarro & Asociados, ha solicitado la imputación de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Y no lo hace a la ligera: del propio testimonio de Polo se desprenden, afirman los letrados Juan Chapapría y Mario de Diego, “indicios razonables de criminalidad”. A las 17:30 horas, Polo asegura haber pedido que se enviara un mensaje de alerta a la población para que “se subieran a los pisos altos”. Pero no emitió ninguna advertencia operativa concreta, ni recomendó medidas de urgencia más allá de esa vaga sugerencia, ni insistió con la firmeza que la gravedad exigía. Peor aún: admitió que no informó en el Cecopi de la súbita crecida del Poyo, a pesar de que a las 18:45 ya tenía constancia de ella a través de su propio personal. Según sus propias palabras, recoge el escrito de la acusación popular publicado en Levante-EMV, Polo omitió alertar sobre el Poyo porque “no había capacidad de reacción” y porque “no era relevante’” en comparación con los grandes ríos. La CHJ, dijo, “solo se centraba en los grandes ríos”. He ahí la prueba. La frase demoledora que destila indiferencia burocrática. La confesión de que se minimizó un riesgo crítico en el mismo instante en que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El papel de los expresidentes de la CHJ Valores no se queda ahí. Reclama que tanto Polo como sus predecesores entreguen todas las comunicaciones remitidas al Ministerio, al Gobierno autonómico o a Bruselas en las que advirtieran del riesgo del Poyo. Si esas comunicaciones existen, deberán acreditarse. Y si no existen, quedará aún más clara la falta de diligencia. Porque quienes conocían el riesgo y callaron son, por omisión, parte del engranaje de la tragedia. Bloqueos normativos y omisiones políticas El riesgo del Poyo no era ningún secreto. Desde los 90 estaba documentado en informes oficiales. En 2009, el BOE recogía un proyecto de “Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo”. Jamás ejecutado. En 2018, la Ley de la Huerta de Ximo Puig añadió trabas normativas que bloquearon nuevas actuaciones. Así lo reconoció la propia CHJ en 2025. Esa ley, subraya Valores, fue determinante en la paralización de las obras. Y su aprobación tuvo consecuencias directas sobre la seguridad de miles de ciudadanos. Por ello, la acusación no descarta solicitar la comparecencia de Puig. Si esas decisiones políticas contribuyeron a mantener el riesgo sin control, también habrá que plantearse si procede su imputación. Porque las responsabilidades no se detienen en los técnicos: alcanzan a quienes, desde el poder político, tomaron decisiones que facilitaron la catástrofe. “La política es corresponsable” “Cuando el riesgo es conocido, reiterado y documentado durante décadas —concluye Galdón—, y aun así los proyectos se bloquean, los cauces no se limpian y las emergencias se gestionan con los ojos cerrados, no hablamos de meteorología. Hablamos de política criminalmente negligente. Y la política, en este caso, es corresponsable”.

Madrid, 21 de agosto de 2025 . – Alfonso Galdón, presidente nacional de Valores, ha enviado sendas cartas a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal instándoles a presentar en el Congreso la Proposición de Ley Orgánica de Libertad Educativa y Garantía de los Acuerdos Internacionales en Materia Religiosa. En ellas, Galdón denuncia que “reducir la Religión Católica en la escuela no es neutralidad, es laicismo impuesto”, y alerta de que las aulas “se han convertido en laboratorios de ingeniería social donde la infancia es moldeada por dogmas ideológicos mientras se arrincona deliberadamente la fe mayoritaria de España”. La propuesta legislativa, adjunta a las cartas, establece la obligatoriedad de ofertar la asignatura de Religión Católica en todos los centros sostenidos con fondos públicos, con una carga mínima de dos horas semanales en Educación Primaria y Secundaria, y una hora en Bachillerato. Además, la asignatura tendrá plena validez académica y se ofrecerá una alternativa formativa seria y evaluable a quienes no la cursen. La iniciativa también regula la enseñanza de otras confesiones religiosas incluidas en los Acuerdos de cooperación de 1992 (evangélica, judía e islámica), pero establece que dichos acuerdos no tienen el mismo rango que el firmado con la Santa Sede en 1979, que es un tratado internacional y, por tanto, de obligado cumplimiento con prevalencia sobre la legislación ordinaria. En este sentido, los contenidos de las demás confesiones deberán respetar siempre la Constitución, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de conciencia y los derechos de los menores, evitando así cualquier adoctrinamiento contrario a los principios fundamentales del Estado español. Pero más allá de los artículos y disposiciones, lo que defendemos es algo mucho más profundo: que los valores cristianos, dignidad humana, libertad, justicia, misericordia y perdón, entre muchos otros que son buenos y fecundos, no son un adorno ni un privilegio, sino los cimientos sobre los que se ha levantado nuestra civilización. Y el perdón, esa gracia que desarma al odio, junto a la misericordia que abre la puerta a la reconciliación, son el gran tesoro que debemos custodiar y transmitir. El presidente de Valores subraya que presentar esta ley en el Congreso es un deber moral, aunque no prospere: “Perder una votación no es perder; lo verdaderamente imperdonable sería no dar la batalla por los padres, por las familias y por los niños de España. Ojalá pudiera dar yo mismo esa batalla en el Congreso, pero no estoy allí. Dios los ha puesto a ustedes, no a mí”.

VALORES se ofrece como mediador por el bien de España España atraviesa una etapa crítica. A la deriva moral y cultural, se suma la fragmentación política de quienes, compartiendo principios fundamentales, no logran unirse por culpa de los egos personales. Desde Valores, queremos dejar constancia pública de lo siguiente: España necesita un frente común de todas las fuerzas que creen en la vida, la familia, la libertad, la justicia, la unidad nacional y la dignidad de las personas. No son las ideas lo que nos separa: es el orgullo, el cálculo electoral y el afán de protagonismo de muchos líderes políticos lo que impide la unidad. Mientras tanto, la izquierda avanza con pactos destructivos, sin complejos ni escrúpulos. Y lo hace porque sabe coordinarse para vencer. Desde Valores no aspiramos a cuotas, ni exigimos protagonismo alguno. Aspiramos a servir. A unir. A facilitar. Por ello, nos ofrecemos públicamente como mediadores para construir una mesa de diálogo y coordinación entre todas las fuerzas del centroderecha. El tiempo de las excusas ha terminado. España no puede esperar más. El pueblo lo pide. La historia lo exige. Y Dios lo espera. Desde hoy, ponemos nuestros recursos, nuestra estructura territorial y nuestra voluntad política al servicio de esa unidad. La pregunta es simple: ¿Quién está dispuesto a anteponer España a su ego? Desde Valores, sí lo estamos.

El futuro de Europa pasa por España y Portugal

Valores se persona en la causa de la DANA de Valencia para buscar justicia y reparación a las víctimas.

Llega el verano y nuevamente nos bombardean con noticias inexactas, globos sonda para crear revuelo y división en la sociedad española, confrontando la enseñanza pública con la concertada. Este es un debate estéril, sin recorrido alguno, porque la enseñanza concertada es un invento del PSOE, un artificio, pergeñado desde dentro, para controlar la educación privada que se daba en España en los años ochenta y que tanto molestaba, y molesta, a los «amigos de la libertad de expresión, de pensamiento, de credo...». Las dificultades presupuestarias de esos años para construir colegios públicos y aumentar, por tanto, las plantillas de profesorado, con el objetivo de detraer alumnos de la privada, hicieron que los más abyectos ideólogos de la izquierda española disfrazaran de cordero al 'leviatán marxista', ideando un sistema de subvención voluntaria, llamada 'concierto', para asegurarse así la entrada en los colegios en cualquier momento y comenzar así a implantar su agenda ideológica. Ya lo dijo François Miterrand: «... hoy para hacer la revolución no hay que asaltar el Palacio de Invierno, sino que basta con asaltar la escuela». Pusieron el caramelo envenenado en la puerta del colegio, el 'concierto', y una gran parte de la 'chiquillería intelectual' de la escuela privada de entonces picó el anzuelo y se convirtieron en empresas subvencionadas por el Estado, presas por las nóminas de los profesores, todo hay que decirlo. Consecuencias de la digestión del dulce hemos sufrido varias, la de mayor calado y recorrido sucedió en 2007 cuando FERE pactó con Rubalcaba el asunto de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, en contra del criterio de los padres, representados por CONCAPA. En estos momentos no cambia mucho la cosa. Ya no es EpC, ahora es la sexualidad, la diversidad, el revisionismo histórico y otros temas controvertidos para la sociedad española y para los que no hay un consenso, y nuevamente se vuelve a apretar con los conciertos, con la diferencia de que, de un tiempo a esta parte, la resistencia es menor. Llegado a este punto creo que todos convendremos en que somos los padres quienes educamos a nuestros hijos y que delegamos, por unas horas, en los colegios y sus profesionales, la instrucción académica. No menos cierto es que cada centro educativo tiene su idiosincrasia y modelo educativo propio, adaptado a sus alumnos, o al menos, debería ser así. He aquí donde entra el Cheque Escolar, la herramienta que permite a los padres elegir el modelo educativo que quiere, público o privado, y que, además, quita de la ecuación al mediador que en su día prefería el PSOE... empresas privadas representadas por dos o tres patronales y poco más... teniendo bien lejos a los padres y controlados por estos a través de las APAS, para que se desfoguen. Un ejemplo es el 'pin parental', fuimos los padres los que organizamos esa manifestación en Murcia y salimos a la calle sin el apoyo oficial de las patronales de la enseñanza, quienes también nos negaron el derecho a informar a las APA. El Cheque Escolar permite que la gestión virtual del coste de una plaza escolar para el Estado la pueda realizar la familia del alumno todos los años y no los colegios, que corren el riesgo, y así se ha visto con algunos, de acomodarse. Hay concertados con treinta alumnos por aula y otros, igualmente concertados, con veinte, generando así diferencias que encienden, con razón, a los padres de la escuela pública que ven cómo sus hijos asisten a clases masificadas, llevando ello a una peor calidad de la enseñanza pública. Por tanto, la solución es el Cheque Escolar. Mismo dinero 'virtual' para cualquier alumno y que sea elección de los padres llevarlos a uno u otro sistema, público o privado. Si el privado es más caro que el cheque, serán los padres los que deban pagar esa diferencia, y además, esto sería una práctica legal, no como las cuotas que los concertados emiten, opcionales eso sí, porque el concierto no les da ni para el cincuenta por ciento de los gastos corrientes del centro. Los centros educativos que hacen bien las cosas nada tienen que temer, pues cobrarían en función de los padres que depositáramos nuestro Cheque, que repito, es un derecho constitucional y que tendría para el Estado el mismo coste que el de una plaza pública. Si somos demócratas, creemos en la libertad y respetamos al otro, es de justicia que podamos elegir y que el dinero que el Estado se gasta en nuestros hijos sea el mismo vaya a uno u otro colegio... no olvidemos que ese dinero sale de nuestros impuestos.  Gracias. .

Madrid 13 de febrero de 2025 . Alfonso Galdón, presidente de Valores, ha denunciado hoy la imposición del valenciano como requisito obligatorio en las oposiciones convocadas por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana. La reciente Orden 1/2025, de 28 de enero, que convoca el procedimiento selectivo de concurso-oposición para el ingreso y la adquisición de nuevas especialidades en diversos cuerpos docentes, mantiene este requisito discriminatorio. La Ley 1/2024, en la que se apoya esta orden de convocatoria y que fue aprobada por el gobierno de PP y Vox, sigue la senda de otras Comunidades Autónomas como Cataluña, País Vasco, Galicia e Islas Baleares, donde el uso de las lenguas cooficiales se ha impuesto como barrera para la participación en la vida pública y política. Tres de esas comunidades están gobernadas por el Partido Popular (Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia), mientras que las otras dos están bajo gobiernos de coalición con los separatistas: Cataluña, gobernada por los socialistas y los independentistas catalanes, y País Vasco, bajo el control de los separatistas del PNV y los herederos de ETA. Valores considera que la Ley 1/2024 y las políticas de imposición lingüística que se derivan de ella son un golpe a la unidad nacional y una afrenta a todos los españoles que residen fuera de la Comunidad Valenciana. Este tipo de medidas, que buscan dividir a los ciudadanos en función de su conocimiento de la lengua, son un claro ejemplo de cómo se está violentando la Constitución Española en varios puntos del territorio nacional, con el fin de imponer un modelo de selección del funcionariado a partir de la lengua. Alfonso Galdón ha declarado que el valenciano debe ser un mérito, jamás un obstáculo. “No vamos a permitir que el conocimiento de una lengua se convierta en un muro que divide a los españoles y que convierte a los opositores de fuera de la Comunidad Valenciana en ciudadanos de segunda”, ha afirmado Galdón. Valores exige explicaciones al Gobierno Valenciano sobre la discriminación flagrante que se produce al exigir el valenciano en algunas especialidades y no en otras, como ocurre con las especialidades de Formación Profesional. Esta falta de coherencia en la legislación muestra claramente que el requisito lingüístico no es necesario para la eficacia de las funciones en muchas de las especialidades y responde únicamente a un interés ideológico que no tiene cabida en un Estado democrático. Desde el punto de vista constitucional, el artículo 14 de la Constitución Española, que garantiza el principio de igualdad ante la ley, se ve violentado por esta Orden. El Gobierno Valenciano está imponiendo una discriminación por razón de lengua, excluyendo a los opositores de otras COMUNIDADES AUTÓNOMAS y violando su derecho a participar en igualdad de condiciones. Además, el artículo 19 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la libre circulación y residencia en todo el territorio nacional, se ve también vulnerado, ya que la imposición del valenciano impide a muchos ciudadanos de otras partes de España ejercer su derecho a acceder a la función pública. Asimismo, el artículo 23.2 de la Constitución Española, que establece que "los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que establezca la Constitución y las leyes", es claramente vulnerado por esta medida. El requisito del valenciano impone una barrera injustificada que impide el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, violando los principios fundamentales del acceso público a los cargos y funciones del Estado. Por si fuera poco, el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos también prohíbe la discriminación por motivo de lengua, y es inaceptable que el Gobierno Valenciano siga aplicando estas políticas, que no hacen más que crear división y generar un clima de confrontación entre los ciudadanos. Valores ha iniciado un Contencioso Administrativo para impugnar la imposición del valenciano como requisito excluyente en las oposiciones, exigiendo que se respete el principio de igualdad y que el conocimiento del valenciano sea considerado un mérito opcional y no una barrera. Además, Valores, a través de los eurodiputados del ECPM, iniciará acciones en Bruselas para corregir estos focos de desigualdad en España y garantizar que los derechos de los ciudadanos sean defendidos a nivel europeo. Valores no permitirá que los ciudadanos españoles sean tratados de manera desigual, dependiendo de su lugar de residencia. Valores seguirá luchando para que todos los ciudadanos tengan acceso a la función pública sin discriminaciones lingüísticas, y sin que se creen españoles de primera y de segunda.  Alfonso Galdón ha reafirmado el compromiso de Valores con la unidad de España y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Valores no permitirá que políticas de imposición lingüística continúen dividiendo a los ciudadanos españoles, y luchará para que se respeten los principios de igualdad y unidad en toda España ante el inexplicable silencio de algunos partidos políticos.