Noticias y Notas de Prensa de Valores

La justicia social se ha convertido en una palabra hueca. Se usa mucho, se agita mejor y sirve para casi todo… salvo para hacer justicia. En educación pasa constantemente. Se invoca como dogma, pero cuando toca aplicarla, se diluye. O se aplica solo a algunos. O solo en algunos sitios. Y entonces deja de ser justicia para convertirse en propaganda. Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid ha recordado algo elemental: que el trabajo realizado en centros concertados sostenidos con fondos públicos cuenta a efectos de trienios y sexenios cuando esos docentes pasan a la enseñanza pública. No hay creatividad jurídica ni activismo togado. Hay una idea básica: si trabajas para el sistema educativo, con dinero público y bajo control administrativo, ese tiempo cuenta. Punto. Negarlo no es técnica jurídica. Es una decisión política tomada a escondidas. Aquí se acaba el debate legal. Lo que sigue es pura responsabilidad institucional. Porque lo que tenemos ahora es un sistema injusto y mal diseñado. En unas comunidades se reconoce ese derecho. En otras se niega por norma, obligando a los docentes a ir a juicio para que se les reconozca lo evidente. Mismo trabajo, mismo dinero público, mismo sistema educativo… distinto trato. Eso no es autonomía territorial. Es arbitrariedad. Y un Estado que se dice social y de Derecho no puede sostener esa contradicción sin hacer el ridículo. El Ministerio de Educación no puede seguir callado. Cuando permite que derechos claros dependan de pleitos individuales, del aguante personal o del dinero para pagar abogados, no está siendo prudente. Está eludiendo su responsabilidad. No intervenir no es neutralidad. Es dejación. Y luego están los sindicatos. Silencio absoluto. En un asunto que afecta al salario, a la carrera profesional y a la igualdad de trato de miles de docentes, no hay una defensa clara ni una posición firme. Cuesta creer que sea casual. Más bien parece que hay trabajadores de primera y de segunda según encajen o no en el relato ideológico. Y eso, viniendo de quien dice defender la justicia social, es especialmente obsceno. Desde Valores lo decimos sin rodeos y sin complejos: a igual trabajo, igual reconocimiento. No creemos en enfrentar a docentes entre sí ni en convertir la concertada en enemigo interno para justificar desigualdades. Reconocer la antigüedad y la formación de quienes hoy están en la pública no debilita el sistema educativo. Lo que lo debilita es la arbitrariedad, el agravio y el silencio institucional. La justicia social no se declama. Se aplica. Y cuando no se aplica, lo demás es solo ruido.

Creer que España es un país más, andas bastante equivocado. Ante los nuevos gurús de los poderes políticos europeos, donde se ha menospreciado nuestra historia, cabe decir que de ella hemos de aprender bastante y sacar consecuencias para nuestros días. Nuestro ADN nos lo ha demostrado a pesar de los pesares y, sin duda, seguimos con las pilas cargadas. Alegría sublime al ver en nuestras librerías el libro de Ángel Luís Cervera, “España en la independencia de Estados Unidos”. El 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos está al caer invitándonos a redescubrir la profunda huella de España y del humanismo salmantino en los orígenes de la nación americana. El 4 de julio del 2026 será un día espectacular para el pueblo americano y para el español. Uno de los divulgadores científicos más influyentes de la nación americana, Nel de Grasse Tyson, anda haciendo auténticos milagros en sus diversas conferencias universitarias refiriéndose a las gestas que España hizo por aquellas tierras. Como él dice: ha sido uno de los hechos más importantes de la historia, pues con este atrevimiento de seguir la ruta del oeste se logró interconectar dos mundos que habían quedados divididos: América del Norte y del Sur habían estado desconectados del resto de los continentes durante muchos siglos. Baste decir que, la cultura y la civilización que implantaría España no era la propia de Europa, sino que era completamente nueva: ni española, ni indígena, sino una síntesis de ambas que fue adquiriendo tonalidades y acentos según los diversos lugares. De ahí la nefasta leyenda negra, fruto de la envidia del imperio anglosajón, Holanda y trapicheos diversos del reino de Portugal. De hecho, cuando se produjo la independencia de los Estados Unidos y, sobre todo, después de la guerra de secesión, comenzaron los procesos de superación del racismo y de la esclavitud y en los Nuevos Estados Unidos comenzaron a actuar como en América del Sur creando una cultura y una civilización nueva en tales vastos territorios. De hecho, al igual que en el Sur se impuso el castellano, pero se redactaron gramáticas y diccionarios para evangelizar aquellas tierras y para conservar muchas tradiciones locales, también en Estados Unidos detuvieron el sistema inglés de “el mejor indio es el indio muerto”, para adoptar el sistema español. Pero España hizo mucho más grande que descubrir América y fue llevar allí el humanismo cristiano que brotaba en toda Europa desde la Escuela de Salamanca convirtiendo al humanismo renacentista en un nuevo humanismo que se fue difundiendo desde España al mundo entero. Mi pregunta. ¿Qué difunde hoy España? ¿Qué difunde hoy Europa? Mejor callar. Todo no queda aquí. Las Leyes de Indias influyeron en los Estados Unidos y contribuyeron a crear un estado de derecho con la Constitución Americana. Hablando en plata, el derecho que protegía a toda persona. Precisamente, la dignidad de la persona humana era la clave para entender la Escuela de Salamanca y para entender sus características fundamentales. Precisamente, la aprobación del precio justo, la limitación de los impuestos, el establecimiento de los préstamos en precario, el dominio de las tierras y el mercado libre que funcionaba en América y entre Europa y América. La supresión de la esclavitud, constitución de escuelas, universidades anteriores a las europeas, hospitales y hospicios. Las ordenaciones de mestizos, cuarterones e indígenas comenzaron a superar la de los crillos (personas de origen europeo), de ese modo la civilización del Perú, Centroamérica, Ecuador o Colombia son especialmente llamativas. Todo ese modo de actuar llegaría a la constitución americana y la democracia en el norte que recibía de Europa masas ingentes de población que se fueron incorporando a la fe, el derecho y la cultura que han hecho de Estados Unidos una nación grande, poderosa y muy desarrollada. Tras siglos de “toma y daka” la Escuela de Frankfurt, en 1923, con Adorno a la cabeza, apoyados por el psicoanálisis de Freud y las filosofías de Hegel y Max Weber desearon torpedear este ambiente europeo e incluso, saltando a nuestra Hispanoamérica bendita. Han podido hacer su daño, pero las raíces profundas no han claudicado. Habermas, otro más de esta Escuela, con el tiempo frenaría apoyando en muchos momentos de su vida lo que era visible. Es importante que los 250 años de independencia americana recuerden que los principios de la Escuela de Salamanca iluminaron Europa y América a través del humanismo cristiano. Si hoy deseamos salir del impase en donde nos encontramos una buena solución sería recuperar el humanismo salmanticense y convertirlo en un nuevo humanismo. Otro gallo nos cantaría. https://amp.murcia.com/opinion/noticias/2025/11/17-espana-y-su-buen-adn.asp

Hubo un tiempo en el que las catástrofes naturales se explicaban como castigos divinos, como designios inapelables del cielo o como fruto de la fatalidad meteorológica. Hoy ya no cabe semejante coartada. La tragedia del Poyo, en aquel infausto 29 de octubre de 2024, no fue el resultado exclusivo de la fuerza de la DANA ni de la cólera de los elementos. Fue, antes que nada, la consecuencia directa de años de abandono político, de cauces convertidos en trampas mortales, de despachos en los que reinaba la burocracia suicida, y de una gestión de la emergencia marcada por el error, el silencio y la contradicción. Murieron personas no porque el agua bajara con violencia, que también, sino porque quienes tenían la obligación de actuar, de prever, de prevenir y de avisar, eligieron mirar hacia otro lado. Y por eso el partido Valores, liderado por Alfonso Galdón, exige que la justicia ponga nombres y apellidos a esas responsabilidades. Porque el Código Penal ofrece tipificaciones más que suficientes para hacerlo. Homicidio y lesiones imprudentes El artículo 142 del Código Penal castiga el homicidio por imprudencia grave. El artículo 152, las lesiones imprudentes. Y aquí no estamos ante un ejercicio académico, sino ante la vida y la muerte. “Si se confirma que la falta de limpieza del cauce y la parálisis de proyectos de encauzamiento fueron factores determinantes en las muertes, afirma Galdón, no estaremos ante un desastre inevitable, sino ante muertes evitables que tienen responsables con cargo público”. ¿No es ese el núcleo de la cuestión? ¿No es esa la frontera que separa la meteorología de la negligencia criminal? Omisión del deber de socorro La pasividad también está tipificada. El artículo 195 del Código Penal sanciona la omisión del deber de socorro. El caudal del Poyo se disparó a las 18:30 horas. Y, sin embargo, los vecinos permanecieron a oscuras, sin mensajes claros, sin alertas contundentes, sin instrucciones precisas que les permitieran ponerse a salvo. “Es urgente investigar —denuncia Galdón— por qué ni la CHJ, ni la Generalitat, ni el Cecopi activaron los protocolos con la contundencia debida. Alguien decidió callar cuando tenía que gritar la alerta”. ¿Quién fue ese alguien? ¿Quién tenía el deber de levantar la voz y eligió sellar los labios? Estragos por imprudencia El artículo 347 CP contempla los estragos por imprudencia grave. Y aquí la imprudencia se mide en décadas. Treinta años de informes señalando al Poyo como un barranco peligroso. Treinta años de proyectos eternamente bloqueados. Treinta años de cauces obstruidos, llenos de maleza, sin limpieza alguna. “Que nadie se esconda detrás de la tormenta —sentencia Galdón—: el desastre se cocinó durante años en los despachos, a base de desidia política y burocracia suicida”. La delegada del Gobierno: otra pieza clave La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, reconoció ante la jueza que ofreció la UME al mediodía, pero jamás hizo por activar la alerta nacional y que fuera el Estado quien asumiera el mando. Y peor aún: no supo nada del desbordamiento del Poyo hasta después de las siete de la tarde…cuando se supone debía estar informada al minuto de todo lo que ocurría. Disponía de la información. Tenía el poder para escalar la emergencia. Pero no lo hizo. Esa pasividad es la marca de esta tragedia: incompetencia y dejadez política en su versión más letal. La acusación ya ha dado el primer paso El partido Valores, representado por el bufete Chapapría-Navarro & Asociados, ha solicitado la imputación de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Y no lo hace a la ligera: del propio testimonio de Polo se desprenden, afirman los letrados Juan Chapapría y Mario de Diego, “indicios razonables de criminalidad”. A las 17:30 horas, Polo asegura haber pedido que se enviara un mensaje de alerta a la población para que “se subieran a los pisos altos”. Pero no emitió ninguna advertencia operativa concreta, ni recomendó medidas de urgencia más allá de esa vaga sugerencia, ni insistió con la firmeza que la gravedad exigía. Peor aún: admitió que no informó en el Cecopi de la súbita crecida del Poyo, a pesar de que a las 18:45 ya tenía constancia de ella a través de su propio personal. Según sus propias palabras, recoge el escrito de la acusación popular publicado en Levante-EMV, Polo omitió alertar sobre el Poyo porque “no había capacidad de reacción” y porque “no era relevante’” en comparación con los grandes ríos. La CHJ, dijo, “solo se centraba en los grandes ríos”. He ahí la prueba. La frase demoledora que destila indiferencia burocrática. La confesión de que se minimizó un riesgo crítico en el mismo instante en que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El papel de los expresidentes de la CHJ Valores no se queda ahí. Reclama que tanto Polo como sus predecesores entreguen todas las comunicaciones remitidas al Ministerio, al Gobierno autonómico o a Bruselas en las que advirtieran del riesgo del Poyo. Si esas comunicaciones existen, deberán acreditarse. Y si no existen, quedará aún más clara la falta de diligencia. Porque quienes conocían el riesgo y callaron son, por omisión, parte del engranaje de la tragedia. Bloqueos normativos y omisiones políticas El riesgo del Poyo no era ningún secreto. Desde los 90 estaba documentado en informes oficiales. En 2009, el BOE recogía un proyecto de “Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo”. Jamás ejecutado. En 2018, la Ley de la Huerta de Ximo Puig añadió trabas normativas que bloquearon nuevas actuaciones. Así lo reconoció la propia CHJ en 2025. Esa ley, subraya Valores, fue determinante en la paralización de las obras. Y su aprobación tuvo consecuencias directas sobre la seguridad de miles de ciudadanos. Por ello, la acusación no descarta solicitar la comparecencia de Puig. Si esas decisiones políticas contribuyeron a mantener el riesgo sin control, también habrá que plantearse si procede su imputación. Porque las responsabilidades no se detienen en los técnicos: alcanzan a quienes, desde el poder político, tomaron decisiones que facilitaron la catástrofe. “La política es corresponsable” “Cuando el riesgo es conocido, reiterado y documentado durante décadas —concluye Galdón—, y aun así los proyectos se bloquean, los cauces no se limpian y las emergencias se gestionan con los ojos cerrados, no hablamos de meteorología. Hablamos de política criminalmente negligente. Y la política, en este caso, es corresponsable”.

Madrid, 21 de agosto de 2025 . – Alfonso Galdón, presidente nacional de Valores, ha enviado sendas cartas a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal instándoles a presentar en el Congreso la Proposición de Ley Orgánica de Libertad Educativa y Garantía de los Acuerdos Internacionales en Materia Religiosa. En ellas, Galdón denuncia que “reducir la Religión Católica en la escuela no es neutralidad, es laicismo impuesto”, y alerta de que las aulas “se han convertido en laboratorios de ingeniería social donde la infancia es moldeada por dogmas ideológicos mientras se arrincona deliberadamente la fe mayoritaria de España”. La propuesta legislativa, adjunta a las cartas, establece la obligatoriedad de ofertar la asignatura de Religión Católica en todos los centros sostenidos con fondos públicos, con una carga mínima de dos horas semanales en Educación Primaria y Secundaria, y una hora en Bachillerato. Además, la asignatura tendrá plena validez académica y se ofrecerá una alternativa formativa seria y evaluable a quienes no la cursen. La iniciativa también regula la enseñanza de otras confesiones religiosas incluidas en los Acuerdos de cooperación de 1992 (evangélica, judía e islámica), pero establece que dichos acuerdos no tienen el mismo rango que el firmado con la Santa Sede en 1979, que es un tratado internacional y, por tanto, de obligado cumplimiento con prevalencia sobre la legislación ordinaria. En este sentido, los contenidos de las demás confesiones deberán respetar siempre la Constitución, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de conciencia y los derechos de los menores, evitando así cualquier adoctrinamiento contrario a los principios fundamentales del Estado español. Pero más allá de los artículos y disposiciones, lo que defendemos es algo mucho más profundo: que los valores cristianos, dignidad humana, libertad, justicia, misericordia y perdón, entre muchos otros que son buenos y fecundos, no son un adorno ni un privilegio, sino los cimientos sobre los que se ha levantado nuestra civilización. Y el perdón, esa gracia que desarma al odio, junto a la misericordia que abre la puerta a la reconciliación, son el gran tesoro que debemos custodiar y transmitir. El presidente de Valores subraya que presentar esta ley en el Congreso es un deber moral, aunque no prospere: “Perder una votación no es perder; lo verdaderamente imperdonable sería no dar la batalla por los padres, por las familias y por los niños de España. Ojalá pudiera dar yo mismo esa batalla en el Congreso, pero no estoy allí. Dios los ha puesto a ustedes, no a mí”.

VALORES se ofrece como mediador por el bien de España España atraviesa una etapa crítica. A la deriva moral y cultural, se suma la fragmentación política de quienes, compartiendo principios fundamentales, no logran unirse por culpa de los egos personales. Desde Valores, queremos dejar constancia pública de lo siguiente: España necesita un frente común de todas las fuerzas que creen en la vida, la familia, la libertad, la justicia, la unidad nacional y la dignidad de las personas. No son las ideas lo que nos separa: es el orgullo, el cálculo electoral y el afán de protagonismo de muchos líderes políticos lo que impide la unidad. Mientras tanto, la izquierda avanza con pactos destructivos, sin complejos ni escrúpulos. Y lo hace porque sabe coordinarse para vencer. Desde Valores no aspiramos a cuotas, ni exigimos protagonismo alguno. Aspiramos a servir. A unir. A facilitar. Por ello, nos ofrecemos públicamente como mediadores para construir una mesa de diálogo y coordinación entre todas las fuerzas del centroderecha. El tiempo de las excusas ha terminado. España no puede esperar más. El pueblo lo pide. La historia lo exige. Y Dios lo espera. Desde hoy, ponemos nuestros recursos, nuestra estructura territorial y nuestra voluntad política al servicio de esa unidad. La pregunta es simple: ¿Quién está dispuesto a anteponer España a su ego? Desde Valores, sí lo estamos.

El futuro de Europa pasa por España y Portugal

Valores se persona en la causa de la DANA de Valencia para buscar justicia y reparación a las víctimas.