Murieron personas no porque el agua bajara con violencia, que también, sino porque quienes tenían la obligación de actuar, de prever, de prevenir y de avisar, eligieron mirar hacia otro lado. Y por eso el partido Valores, liderado por Alfonso Galdón, exige que la justicia ponga nombres y apellidos a esas responsabilidades. Porque el Código Penal ofrece tipificaciones más que suficientes para hacerlo.

Homicidio y lesiones imprudentes

El artículo 142 del Código Penal castiga el homicidio por imprudencia grave. El artículo 152, las lesiones imprudentes. Y aquí no estamos ante un ejercicio académico, sino ante la vida y la muerte.

“Si se confirma que la falta de limpieza del cauce y la parálisis de proyectos de encauzamiento fueron factores determinantes en las muertes, afirma Galdón, no estaremos ante un desastre inevitable, sino ante muertes evitables que tienen responsables con cargo público”.

¿No es ese el núcleo de la cuestión? ¿No es esa la frontera que separa la meteorología de la negligencia criminal?

Omisión del deber de socorro

La pasividad también está tipificada. El artículo 195 del Código Penal sanciona la omisión del deber de socorro. El caudal del Poyo se disparó a las 18:30 horas. Y, sin embargo, los vecinos permanecieron a oscuras, sin mensajes claros, sin alertas contundentes, sin instrucciones precisas que les permitieran ponerse a salvo.

“Es urgente investigar —denuncia Galdón— por qué ni la CHJ, ni la Generalitat, ni el Cecopi activaron los protocolos con la contundencia debida. Alguien decidió callar cuando tenía que gritar la alerta”.

¿Quién fue ese alguien? ¿Quién tenía el deber de levantar la voz y eligió sellar los labios?

Estragos por imprudencia

El artículo 347 CP contempla los estragos por imprudencia grave. Y aquí la imprudencia se mide en décadas. Treinta años de informes señalando al Poyo como un barranco peligroso. Treinta años de proyectos eternamente bloqueados. Treinta años de cauces obstruidos, llenos de maleza, sin limpieza alguna.

“Que nadie se esconda detrás de la tormenta —sentencia Galdón—: el desastre se cocinó durante años en los despachos, a base de desidia política y burocracia suicida”.

La delegada del Gobierno: otra pieza clave

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, reconoció ante la jueza que ofreció la UME al mediodía, pero jamás hizo por activar la alerta nacional y que fuera el Estado quien asumiera el mando. Y peor aún: no supo nada del desbordamiento del Poyo hasta después de las siete de la tarde…cuando se supone debía estar informada al minuto de todo lo que ocurría.

Disponía de la información. Tenía el poder para escalar la emergencia. Pero no lo hizo. Esa pasividad es la marca de esta tragedia: incompetencia y dejadez política en su versión más letal.

La acusación ya ha dado el primer paso

El partido Valores, representado por el bufete Chapapría-Navarro & Asociados, ha solicitado la imputación de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Y no lo hace a la ligera: del propio testimonio de Polo se desprenden, afirman los letrados Juan Chapapría y Mario de Diego, “indicios razonables de criminalidad”.

A las 17:30 horas, Polo asegura haber pedido que se enviara un mensaje de alerta a la población para que “se subieran a los pisos altos”. Pero no emitió ninguna advertencia operativa concreta, ni recomendó medidas de urgencia más allá de esa vaga sugerencia, ni insistió con la firmeza que la gravedad exigía.

Peor aún: admitió que no informó en el Cecopi de la súbita crecida del Poyo, a pesar de que a las 18:45 ya tenía constancia de ella a través de su propio personal.

Según sus propias palabras, recoge el escrito de la acusación popular publicado en Levante-EMV, Polo omitió alertar sobre el Poyo porque “no había capacidad de reacción” y porque “no era relevante’” en comparación con los grandes ríos. La CHJ, dijo, “solo se centraba en los grandes ríos”.

He ahí la prueba. La frase demoledora que destila indiferencia burocrática. La confesión de que se minimizó un riesgo crítico en el mismo instante en que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

El papel de los expresidentes de la CHJ

Valores no se queda ahí. Reclama que tanto Polo como sus predecesores entreguen todas las comunicaciones remitidas al Ministerio, al Gobierno autonómico o a Bruselas en las que advirtieran del riesgo del Poyo.

Si esas comunicaciones existen, deberán acreditarse. Y si no existen, quedará aún más clara la falta de diligencia. Porque quienes conocían el riesgo y callaron son, por omisión, parte del engranaje de la tragedia.

Bloqueos normativos y omisiones políticas

El riesgo del Poyo no era ningún secreto. Desde los 90 estaba documentado en informes oficiales. En 2009, el BOE recogía un proyecto de “Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo”. Jamás ejecutado. En 2018, la Ley de la Huerta de Ximo Puig añadió trabas normativas que bloquearon nuevas actuaciones. Así lo reconoció la propia CHJ en 2025.

Esa ley, subraya Valores, fue determinante en la paralización de las obras. Y su aprobación tuvo consecuencias directas sobre la seguridad de miles de ciudadanos.

Por ello, la acusación no descarta solicitar la comparecencia de Puig. Si esas decisiones políticas contribuyeron a mantener el riesgo sin control, también habrá que plantearse si procede su imputación. Porque las responsabilidades no se detienen en los técnicos: alcanzan a quienes, desde el poder político, tomaron decisiones que facilitaron la catástrofe.

“La política es corresponsable”

“Cuando el riesgo es conocido, reiterado y documentado durante décadas —concluye Galdón—, y aun así los proyectos se bloquean, los cauces no se limpian y las emergencias se gestionan con los ojos cerrados, no hablamos de meteorología. Hablamos de política criminalmente negligente. Y la política, en este caso, es corresponsable”.