Valores se persona en la causa de la DANA de Valencia
Alfonso Galdón Ruiz • 4 de mayo de 2025
Cuando el Estado falla, la sociedad no puede callar
Madrid,4 de mayo de 2025. El partido político Valores, presidido por Alfonso Galdón, ha anunciado que se personará como acusación popular en la causa que investiga las posibles responsabilidades penales derivadas de la tragedia provocada por la DANA del pasado 29 de octubre de 2024, en la que 228 personas perdieron la vida en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla la Mancha y una en Andalucía. La instrucción se está llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia).
Alfonso Galdón ha sido tajante: “Es necesario que se haga justicia con todos aquellos a los que les fue arrebatada la vida. Esta tragedia se podría haber evitado si las infraestructuras necesarias hubieran estado ejecutadas y si el Gobierno central hubiera asumido el mando desde el primer minuto, como le correspondía ante los avisos ROJOS emitidos esa misma mañana por AEMET y porque la emergencia no era solamente autonómica, afectaba a más de una CC.AA. Aquí no valen excusas.”
Desde Valores se sostiene que la magnitud de la catástrofe es el reflejo de una negligencia institucional de enormes proporciones, agravada por la descoordinación entre las administraciones, que ha demostrado ser letal. En palabras de Galdón, “cuando el caos amenaza con desbordarlo todo, el Estado no puede permanecer fragmentado ni descoordinado. Hay vidas en juego. Y el 29 de octubre, las perdimos.”
El bufete Chapapría-Navarro & Asociados será el encargado de ejercer la acusación popular que estará dirigida por su socio-director, Juan Chapapría García de Otazo y Mario de Diego Martínez, dos abogados de reconocida trayectoria en la defensa del interés general y en casos de alto impacto social. Su objetivo será claro: desentrañar la cadena de omisiones, decisiones y silencios que desembocaron en la peor tragedia humana vivida en nuestro territorio en décadas.
Desde Valores se afirma que esta iniciativa no es un gesto simbólico ni una denuncia retórica, sino el primer paso de una acción firme que busca sentar en el banquillo a quienes no estuvieron a la altura del mandato que la ley y la ética les imponían.
Porque cuando el Estado falla, la sociedad no puede callar.
