Madrid, agosto de 2026.— La libertad religiosa es un derecho fundamental, pero no es un derecho absoluto ni puede utilizarse para justificar cualquier conducta. El presidente nacional de Valores, Alfonso Galdón, considera que España y Europa deben abordar sin miedo dónde están sus límites cuando entran en juego la dignidad, la igualdad y los derechos de otras personas.

Valores ha remitido a los eurodiputados del European Christian Political Party (ECPP) un informe elaborado por su equipo jurídico que analiza veinte ámbitos de conflicto entre determinadas normas de la Sharía clásica y los derechos fundamentales europeos. El documento ha sido enviado también al Partido Popular y a Vox para que estudien sus conclusiones y valoren posibles medidas en el Congreso de los Diputados.

«La libertad religiosa no da derecho a todo y tiene límites. Una cosa es creer, practicar y transmitir una religión y otra pretender que una creencia permita imponer consecuencias sobre la vida y los derechos de los demás», afirma Galdón.

El informe aborda cuestiones como la apostasía, los castigos corporales, la lapidación, las desigualdades entre hombres y mujeres en la herencia, el matrimonio o el divorcio, la criminalización de las relaciones homosexuales, el matrimonio infantil o la existencia de tribunales religiosos con pretensiones coercitivas.

Uno de los precedentes analizados es Molla Sali contra Grecia. Una mujer perdió tres cuartas partes de la herencia que su marido le había dejado después de que se aplicaran reglas sucesorias de la Sharía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos terminó declarando que había sufrido discriminación.

Para Galdón, este caso muestra con claridad dónde debe situarse la frontera: «Una mujer no puede tener menos derechos por ser musulmana. Proteger una religión nunca puede significar desproteger a la persona».

El presidente nacional de Valores insiste en que el informe no cuestiona el islam ni señala a los musulmanes como colectivo. «Defendemos el derecho de cualquier musulmán a profesar y practicar libremente su religión. Pero con la misma firmeza debemos defender a quien sufra coacción, violencia, discriminación o pérdida de derechos como consecuencia de una interpretación religiosa».

Galdón considera que esta reflexión debe extenderse también a las políticas de integración: «Quien viene a vivir a España o a Europa puede conservar su religión y sus costumbres compatibles con nuestras leyes. Pero debe saber desde el primer día que la Constitución, la ley y los derechos fundamentales están por encima de cualquier norma religiosa».

El presidente de Valores reclama por ello vigilancia, prevención y, si se detectan vacíos jurídicos, medidas legislativas tanto en España como en Europa.

«No podemos esperar a que los problemas se consoliden para reaccionar. Europa debe proteger a la mujer que se niega a una imposición, a quien decide abandonar una religión y a cualquier persona cuyos derechos pretendan limitarse en nombre de una creencia. Hay que estar vigilantes, anticiparse y, si es necesario, legislar», sostiene Galdón.

Con ese objetivo, el informe ha sido trasladado a los eurodiputados del ECPP, y en España al Partido Popular y a Vox, para que conozcan el análisis jurídico y estudien las iniciativas que puedan plantearse en sus respectivos ámbitos parlamentarios.

«La libertad religiosa tiene límites: los derechos y la libertad de los demás. Máxima libertad para creer; ningún derecho para imponer», concluye Alfonso Galdón.